Durante meses la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Patrimonio Cultural sostuvieron comunicaciones para llegar a un acuerdo definitivo sobre la posible colocación de los controles de acceso. Meses después ambas instituciones plantean versiones contrarias sobre el procedimiento legal y administrativo que envolvió estas tramitaciones
Actualmente la universidad venezolana reflexiona acerca de su papel dentro de la sociedad y de su participación en los diversos ámbitos de la vida nacional. La Universidad Central de Venezuela, históricamente autónoma está inmersa en la dinámica universidad-sociedad que le ha permitido estar posicionada en un lugar de respeto, pero también de actor principal en la vida colonial, republicana y democrática del país. Precísamente por su condición de pilar fundamental en nuestra sociedad siempre la ciudadanía vira su mirada hacia la máxima casa de estudios del país cuando está a la búsqueda de soluciones o cuando alguna situación particular atraviesa.
De esta situación pudo dar cuenta la opinión pública meses atrás cuando inició la discusión acerca de unos posibles controles de acceso que serían colocados en las entradas principales a la Ciudad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central de Venezuela. A partir de allí en lo interno representaciones estudiantiles, federación de Centros Universitarios, Asociación de Profesores de la UCV y el Consejo Universitario, elevaron la voz con diferentes matices y opiniones encontradas con la intención de llegar a un consenso, todos con el objetivo principal de hacer frente a la inseguridad problema principal no sólo del área metropolitana de Caracas, sino del país. Posteriormente y cual efecto dominó, otros organismos se expresaron a favor y en contra de la colocación de unos controles de acceso que a su juicio segregarían a la Ciudad Universitaria del resto de la capital venezolana, y que además toda la sociedad debía ser partícipe en las decisiones que se tomaran e involucraran a la sede de la UCV, y es precísamente por la condición que ostenta el campus universitario desde el 30 de noviembre de 2000, como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Diversos actores como el Instituto de Patrimonio Cultural, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo intervinieron el proceso iniciado en septiembre del año pasado, que continuaron con acciones específicas para detener la colocación de los accesos. Ante estas intervenciones internas y externas salieron a relucir muchos aspectos relevantes como el concepto de autonomía, derechos colectivos, vulneración de derechos humanos que pretendían defender desde diferentes aceras conceptos ampliamente conocidos, pero que al interpretarlos colocaba la cerca por encima de la otra para aprobar por mayoría vinculante, o rechazar de manera categórica unos portones esbozados en el proyecto del Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, genio creador de la Ciudad Universitaria. La colocación de los controles de accesos respondía entonces a un ¿Ejercicio de Autonomía o cierre privatizador?
La Universidad Central de Venezuela tiene el derecho de autonomía consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta autonomía comprende la capacidad de gerenciar la universidad, así como el privilegio de contar con la potestad de tener propia administración, deberes y derechos apegados a la ley. A partir de este derecho la universidad puede sugerir métodos y aplicar estrategias para su gerencia efectiva. Pero ¿En qué punto estas decisiones afectan al colectivo regional? ¿De qué forma puede la universidad tomar decisiones sin que afecten su funcionamiento? ¿A qué instancias debe recurrir la UCV para la tramitación de cualquier decisión que en teoría responde a su capacidad de autonomía? ¿Hasta que punto puede la universidad defender el derecho de algunos sin que implique la privatización por parte de otros?
Desde el inició de la discusión se han planteado argumentos sobre el seguimiento de los canales regulares por parte de los entes encargados, es decir la Universidad Central de Venezuela representada por las autoridades y el Consejo Universitario, El Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED) máximo ente regulador del patrimonio en la UCV y el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC).
¿En efecto la Universidad Central de Venezuela siguió los canales regulares para la colocación de los accesos, o fue el Instituto de Patrimonio Cultural el cual desde el principio anunció que este procedimiento no estaba autorizado?
¿De dónde provino la propuesta sobre la colocación de los accesos?
A mediados de 2009 la comunidad universitaria supo sobre el inicio de unas obras en las puertas principales de la Ciudad Universitaria de Caracas que permitirían a través de unos controles de acceso regular la entrada y salida de personas y vehículos al recinto. A partir de ese momento comenzó la discusión acerca de la legalidad de este procedimiento. El Consejo de Preservación y Desarrollo de la Ciudad Universitaria de Caracas (COPRED) que nació a partir de la declaración de la universidad como Patrimonio Mundial, tiene la responsabilidad de vigilar cualquier procedimiento que implique modificación o preservación de este bien mundial. Este órgano inició las tramitaciones correspondientes ante la comunidad universitaria y ante los organismos regulares tal como lo señalara en varias oportunidades la Directora de COPRED Arquitecto Nelly Del Castillo.
En repetidas oportunidades se ha señalado a las autoridades universitarias como los autores principales de la idea, y se ha iniciado procesos legales en contra de ellos. Pero al revisar la comunicación existente entre el Consejo de Preservación y Desarrollo, el Instituto de Patrimonio Cultural y las autoridades universitarias se refleja que en principio COPRED presentó un proyecto detallado sobre la colocación de las puertas “pivotantes” ante el Consejo Universitario de la UCV. El oficio de fecha 28 de julio de 2009, firmado por la Directora Nelly Del Castillo reza que” en la oportunidad de presentarle para su conocimiento y fines consiguientes la propuesta para el cerramiento en las entradas de la Ciudad Universitaria”. Tiempo después y según reposa en las actas del Consejo Universitario, cuya estructura está integrada por las autoridades rectorales, representantes estudiantiles y profesorales, este aprobó en su mayoría incluso con los votos de profesores de tendencia oficialista la adecuación de estos accesos para la posible adecuación de estos accesos.
Una vez presentado ante el Consejo Universitario, el Consejo de Preservación y Desarrollo continuó con los procedimientos internos y externos. En principio notificó al ente encargado de manejar los asuntos relacionados con Patrimonio Nacional, es decir el Instituto de Patrimonio Cultural. El 14 de julio de 2009 la Directora Nelly Del Castillo envía el primer oficio a este instituto. En este oficio se hace referencia al proyecto de “Recuperación y puesta en valor del acceso vial y peatonal, sector Tres Gracias” y se hacía referencia de que en comunicaciones futuras se enviaría el resto de los proyectos para las otras entradas de la Ciudad Universitaria, tal era el caso de Puerta Tamanaco, Puerta Minerva y Puerta Hospital Clínico. Esto con el objetivo de contar con la aprobación del Instituto y posibles observaciones de parte de su presidente para el momento el Arquitecto José Manuel Rodríguez. Seis días después, exactamente el 20 de julio de 2009 la Dirección de COPRED envía el resto del proyecto prometido ante el Instituto de Patrimonio Cultural.
Continuaron las tramitaciones
Mientras el Consejo de Preservación y Desarrollo esperaba respuesta del Instituto de Patrimonio Cultural, continuaron presentando las propuestas ante las distintas instancias de la UCV. Para julio de 2009 COPRED estaba seguro que aprobaría la colocación de los accesos, respetando no sólo la decisión del Consejo Universitario sino también el principio de autonomía. En ese mes antes de las vacaciones, y sabiendo que trabajarían durante el período vacacional COPRED, presenta a la Rectora Cecilia García-Arocha un informe con las acciones que adelantarían, entre las primeras se contemplaba el cierre de los accesos a la Ciudad Universitaria. Esta comunicación de fecha 23 de julio de 2009 refleja que ambas dependencias centrales estarían trabajando en conjunto para concretar la fecha, empresa constructora y ejecutora del proyecto y del monto al cual ascendería el total de las obras.
Las posiciones encontradas surgieron en ese momento y aún cuando ya se iniciaba el período vacacional la máxima autoridad de la Universidad Central de Venezuela, la Rectora Cecilia García Arocha había sido enfática ante varias acusaciones “Es un hermoso proyecto, es falso e irresponsable que digan que son eléctricas, son manuales. Durante el día, estarían abiertas y se cerrarían a las once de la noche, salvo la entrada al Hospital Universitario. Los portones son para seguridad, eso lo hemos dicho, el gobierno lo sabe”.
Notificación con diversas interpretaciones
En agosto de 2009 el Instituto de Patrimonio Cultural dio respuesta a los oficios enviados por COPRED en el mes de julio. El oficio número 00002165 fue recibido en el Consejo de Preservación y Desarrollo a las 9: 40 de la mañana del 10 de agosto de 2009. En él se presenta en principio una primera parte donde su Director el Arquitecto José Manuel Rodríguez señala que adjunto a esa comunicación se encontraría un informa el cual, debía ser observado con mucho cuidado para acatar esas recomendaciones del proyecto original que había presentado COPRED. El Arquitecto José Manuel Rodríguez planteó “Respondiendo a estas inquietudes, invitamos a que este proyecto sea adecuado de acuerdo a nuestras recomendaciones, a los fines de garantizar una propuesta de intervención idónea y armónica con la calidad y cualidades del conjunto edificado en que se pretenden insertar”.
En el anexo se contenían una serie de recomendaciones arquitectónicas y de diseño para el perfeccionamiento de la propuesta presentada. Este anexo denominado “Informe técnico de revisión de proyecto de recuperación y puesta en valor del acceso vial y peatonal de la Ciudad Universitaria de Caracas, Sector Tres Gracias” resume las observaciones realizadas por el Instituto, quienes firman este documento y según se interpreta de las palabras del Director, tenían la potestad para hacer tales recomendaciones, los firmantes son la Arquitecta Annabella Spagnolo y el Director de Protección Integral Juan Carlos León. Este último había sostenido reuniones según lo había comentado la Directora de COPRED Nelly Del Castillo,
Aparte de las recomendaciones técnicas hay un punto álgido en la discusión que según el actual Director del IPC Héctor Torres Casado, y el Consultor Jurídico de la UCV Dr. Manuel Rachadell coinciden al precisar en un punto dentro del documento. El párrafo textualmente reza de la siguiente forma: “No obstante y por tratarse de terreno pertenecientes al complejo de la Ciudad Universitaria, no observamos inconvenientes en proceder a su cercado por motivos de seguridad”.
El oficio llegó a manos de COPRED y de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, que interpretando de manera textual lo contenido en el informe procedieron a colocar fechas de colocación de accesos, convocatoria a la comunidad universitaria de las charlas informativas y de la participación activa de la comunidad en le defensa de esta medida de seguridad.
El curso de las siguientes comunicaciones fue a lo interno, de COPRED hacia las dependencias centrales, escuelas y facultades notificando sobre la colocación de las puertas. Ni en COPRED, ni en el Instituto de Patrimonio Cultural reposa alguna evidencia de que el Consejo de Preservación y Desarrollo de la Ciudad Universitaria haya tomado en cuenta las recomendaciones y haya presentado algún proyecto modificado. Éste se convertiría en el argumento principal de la actual gestión del IPC para alegar que la UCV no culminó la tramitación y por ende no autorizarían la colocación de los accesos.
Instituto de Patrimonio Cultural niega colocación de portones de seguridad
“La Universidad no presentó los proyectos reformulados, y por lo tanto este instituto no autorizó la instalación de los portones de seguridad. Es importante aclarar que la interpretación que hace la rectora es una manipulación, en la que se extrae la referida cita de su contexto para desviar el verdadero sentido del mencionado oficio e informe” afirmó el actual el Arquitecto Héctor Torres Casado, actual Director del Instituto de Patrimonio Cultural.
Las declaraciones del Director surgieron luego de que este Instituto publicara en su portal Web, como en distintos medios de comunicación, un comunicado el cual rechaza las informaciones sobre la autorización del IPC a la colocación de las puertas en la Ciudad Universitaria. En el comunicado Torres Casado plantea que fueron mal interpretadas las palabras del oficio anexo, y que la universidad no presentó modificación alguna. Además avaló las protestas de estudiantes oficialistas que tanto en noviembre de 2009 como en febrero de 2010 impidieron la continuación de las obras en las entradas las Tres Gracias y Puerta Tamanaco.
En el mismo comunicado hace referencia al anexo del informe, firmado no solo por los arquitectos Spagnolo, y León sino que además estaba sellado por el Instituto de Patrimonio Cultural, y su Director José Manuel Rodríguez. Torres Casado desestima las competencias de los firmantes alegando que no existía potestad para pronunciarse en nombre del IPC.
Para la autorización de las puertas Torres Casado no planteó que fuese una decisión personal o política sino que a su juicio “quien prohíbe que se efectúen actuaciones sobre los bienes patrimoniales sin la autorización del instituto, es la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, no el IPC”. Por tanto exhortó a las autoridades universitarias a seguir con los canales regulares para la colocación de los accesos.
Tribunal Supremo de Justicia dicta sentencia para evitar puertas de acceso
El 16 de marzo de 2010 la Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez introdujo un recurso de amparo en contra de las autoridades universitarias, en particular la Rectora Cecilia García Arocha para que desistiera del mencionado proyecto de las puertas, porque según consideraba su despacho se violaban derechos fundamentales como el derecho a la salud y al libre tránsito. Casi un mes después el 13 de abril de 2010 un día antes de la consulta referendaria que permitía a la comunidad ucevista expresarse a favor o en contra de la mencionada colocación de accesos, el Tribunal Supremo de Justicia en figura de la Magistrada Luis Estela Morales niega la continuidad de las puertas a la Ciudad Universitaria.
En el documento se insta a las autoridades a desistir de cualquier intento de cierre del campus universitario, y se desconoce la posición del Consejo Universitario sobre la materia, violando a opinión de la Rectora Cecilia García Arocha directamente la autonomía universitaria. García Arocha considera: “Es alarmante que la Defensoría del Pueblo, sin hablar con las autoridades de la UCV, solicite un amparo cautelar en el TSJ. Esta defensora debe ser del pueblo, no para el propio gobierno. No se llamó a la UCV, a los voceros jurídicos. De una vez, esta señora acudió al TSJ, es mucha casualidad que el mismo día que esta institución ordenó suspender la colocación de los portones, era el día de la consulta con la comunidad universitaria. Las puertas de la UCV, es un proyecto de Villanueva, con iluminación y jardinería”
Actuación apegada a la ley
A pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia la Rectora Cecilia García Arocha y el Consultor Jurídico de la UCV sostienen que seguirán defendiendo la colocación de los accesos, porque está justificado que se trata de medidas de seguridad y no de privatización del campus universitario. La Rectora afirma que: “Para nada es una derrota de la rectora, esto es un nuevo ataque para la UCV. La consulta no la originó la rectora, sino los gremios. Quieren derrotar a la UCV, pero se mantendrá de pie, luchando por sus ideales. Somos respetuosos, por ahora de esta decisión. Aunque no estamos notificados. Definitivamente, es una decisión política, porque yo no puedo pasar por Miraflores, Fuerte Tiuna, el propio TSJ, todos están enrejados, protegidos. Entonces, por qué la UCV debe estar abierta toda la noche. Vamos a contestar el recurso, pero todavía no hay notificación. La UCV expondrá sus razones”.
En la actualidad la consultoría jurídica evalúa los argumentos presentados en la discusión pero considera a cabalidad la interpretación del informe número 00002165 de fecha 6 de agosto de 2009. En él claramente se da el aval para que la universidad proceda al cercado, y que esta autorización provino del Instituto de Patrimonio Cultural, por lo cual siempre han actuado apegados a la ley y la justicia.
Por su parte COPRED señala que el mes de octubre de 2009 si fue informada la comunidad universitaria, y esto puede observarse en la comunicación firmada por todas las escuelas y dependencias centrales de fecha 26 de octubre de 2009. Además Jesús Uguetto Sub-Director del Consejo de Preservación y Desarrollo alega que no fueron una sino varias reuniones realizadas en el Aula Magna para la notificación a la comunidad en general. Niega que hayan realizado algún procedimiento a espalas de la UCV.
Considerando que el IPC no negó la tramitación en futuro de la propuesta la Universidad a través de la Asesoría Jurídica Central pretende continuar con las tramitaciones. Manuel Rachadell, Consultor Jurídico de la UCV resume “Esa sentencia se esperaba, porque ya teníamos información desde hace un mes que la Defensoría del Pueblo había pedido ese amparo, no era necesaria que tomaran una decisión sin notificar a la universidad. En este caso no era necesario que dictaran una medida cautelar porque ya la alcaldía del municipio Libertador había decidido, que se suspendían y paralizaban todas las actividades de las puertas”
Rachadell afirma que seguirán en la ley, apegados a los procedimientos contenidos y que de alguna u otra manera se cuenta con los argumentos necesarios para apelar las decisiones emanadas no sólo del TSJ sino de la Alcaldía de Libertador. “Contra esa decisión ejercimos un recurso de reconsideración oportunamente y no hemos recibido respuesta. Existe un procedimiento administrativo que inició el Instituto de Patrimonio Cultural y con respecto al cual estamos preparando un escrito” expresó Rachadell.
El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció con una decisión. El Instituto de Patrimonio Cultural no negó la continuación de las tramitaciones. Y la Universidad Central de Venezuela, junto con el Consejo de Preservación y Desarrollo y la Asesoría Jurídica Central plantearon que van acatar la decisión, pero que oportunamente presentaran los recursos para su legítima defensa. Por su parte los índices de inseguridad se mantienen en Caracas, y ellos si transitan libremente por la sede de la Universidad Central de Venezuela. La opción de los accesos puede tener un vuelvo en un futuro, mientras tanto la solución se vislumbra con planes alternos de seguridad para toda la comunidad ucevista, con la esperanza quizás de que los ideales de Carlos Raúl Villanueva terminen de concretarse algún día en la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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